Daniel Filmus, autor de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial sancionada en 2010, participó en las audiencias públicas realizadas en marzo de 2026 en el Congreso de la Nación, donde expresó su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
En su rol de senador nacional, fue el autor del proyecto que dio origen a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010. La iniciativa tuvo como objetivo establecer una normativa técnica definitiva para proteger las reservas estratégicas de agua dulce del país. En ese marco, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y fue aprobada con un consenso casi total en el Senado, con el voto afirmativo de 47 Senadores, y sólo 3 voces en disidencia parcial.
En su exposición, advirtió que modificar la ley para habilitar actividades mineras en zonas periglaciales pone en riesgo crítico las fuentes de agua dulce para las actuales y futuras generaciones. Señaló que las áreas alcanzadas representan menos del 1% del territorio cordillerano, subrayó que se trata de zonas estratégicas para la regulación hídrica.
Asimismo, sostuvo que la minería no es incompatible con el medio ambiente, siempre que se ajuste a la legislación ambiental vigente. Sin embargo, alertó que reabrir la discusión sobre la ley “no solo pone en riesgo el agua, sino que también perjudica las condiciones para el desarrollo de la propia actividad minera”, al generar incertidumbre jurídica y desalentar inversiones.
Filmus también advirtió que la modificación de la norma incrementará la judicialización, ya que existen antecedentes claros en la Corte Suprema que establecen la responsabilidad indelegable del Estado nacional en la protección del recurso hídrico. En ese sentido, recordó el fallo impulsado por Ricardo Lorenzetti, que reafirma la obligación estatal de resguardar estos bienes estratégicos. “En ese caso, la Justicia Federal debe resolver. No habrá inversiones certeras con esta ley”, sostuvo.
Finalmente, recordó que la legalidad de la norma ya fue ratificada por el máximo tribunal del país tras las impugnaciones de sectores corporativos. “Las empresas recurrieron a la Corte Suprema; hubo un fallo unánime que avaló la ley porque hay un artículo en la Constitución que defiende el ambiente de los argentinos”, concluyó. En esa línea, enfatizó que la legislación vigente brinda “certeza y seguridad jurídica” a las inversiones, al delimitar con claridad dónde es posible producir sin comprometer recursos vitales.