Una educación de calidad

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Por Daniel Filmus (artículo publicado en Le Monde Diplomatique)

El gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre propondrá un modelo de desarrollo que exigirá profundos cambios en el sistema educativo. La educación, en ese nuevo modelo, debe ser concebida como pilar de la construcción de una sociedad más igualitaria, sustentada en la posibilidad de agregar valor a partir del trabajo de calidad y la capacidad de creación e innovación científico tecnológicas. A diferencia del esquema primario-exportador y de especulación financiera llevado adelante en los últimos años –que no requirió de una población altamente calificada para integrarse a los procesos productivos y a la ciudadanía plena- el nuevo proyecto de país exigirá colocar en un lugar central una educación de calidad para todos/as. No se tratará únicamente de un gobierno que apoye la educación, sino de un modelo de desarrollo y progreso apoyado en la educación, la ciencia y la tecnología.

Sin embargo, la gestión que asuma el 10 de diciembre deberá enfrentar dos desafíos al mismo tiempo. Por un lado, atender en forma inmediata en el ámbito educativo las urgencias propias de la profunda crisis social que deja el gobierno de Cambiemos. Simultáneamente, comenzar a acordar con los distintos actores educativos, políticos y sociales para elaborar e implementar las transformaciones que exige la construcción de un sistema educativo democrático y de calidad.

Entre las urgencias a tener en cuenta parece evidente que, este próximo verano, las escuelas deberán jugar un rol activo en la atención alimentaria de cientos de miles de niños y niñas que deben recurrir a ellas para mitigar el hambre. Por otro lado, debe diseñarse un programa federal que permita resolver durante el receso los más urgentes problemas de infraestructura escolar para comenzar las clases en condiciones de seguridad y dignidad en todo el país.

En lo que respecta a los aspectos sustantivos de la transformación educativa, será necesario sumar la energía y capacidad de los sectores involucrados para llegar a acuerdos que impliquen un compromiso a mediano y largo plazo. Los tiempos pedagógicos e institucionales en este campo son mucho más extensos que los calendarios electorales.

El principal capital con que contará el nuevo gobierno será el plexo normativo votado en el período 2003/15 con amplio acuerdo político en el Congreso y elaborado a partir de un profundo y masivo debate en el cual los y las docentes y sus sindicatos jugaron un rol fundamental. Así como el actual gobierno se apartó del cumplimiento de todas las leyes educativas, el próximo deberá encontrar en sus articulados los caminos para avanzar.

Ello implica en primer lugar recuperar la inversión educativa que este gobierno disminuyó en más de un 20% a valores constantes. Es tan necesario volver a alcanzar el 6% del PBI para la educación, como otorgar el 0,2% a la escuela técnica tal como lo prescriben las leyes. De acuerdo a estas mismas normativas, los recursos deben dedicarse a mejorar los salarios docentes a través de la paritaria nacional y el fondo compensador que el gobierno de Macri ilegalmente eliminó, y a redistribuir partidas entre las provincias para evitar que sigan profundizándose las desigualdades regionales.

Otra de las prioridades que se desprende de las leyes vigentes está vinculada al cumplimiento de la obligatoriedad de la sala de 4 en el nivel inicial y de la escolaridad secundaria. Todos los estudios recientes muestran que a partir de la aprobación de estas normas la matrícula creció en forma sostenida. Pero sin duda uno de los grandes desafíos del futuro gobierno será avanzar fuertemente en el logro de este objetivo. La construcción de escuelas, la apertura de nuevas vacantes y las transformaciones institucionales que disminuyan la deserción en el nivel medio son algunas de las acciones a implementar en esta dirección.

Pero sin lugar dudas la meta principal de los próximos años está vinculada a la mejora de la calidad de la educación. No se trata sólo de que las nuevas generaciones estén escolarizadas. Es necesario que allí adquieran los conocimientos y valores que la escuela promete transmitir. Hoy la integración social plena al universo del trabajo y la ciudadanía no sólo exige los certificados educativos, principalmente requiere de los saberes necesarios para comprender y participar en un mundo cada vez más complejo.

Si las políticas dirigidas a cumplir la obligatoriedad requieren de políticas sostenidas en el tiempo, la mejora de la calidad exige de plazos y continuidades aún más sólidos y extendidos. Ese trabajo tendrá como eje la jerarquización de la formación, la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de maestros y profesores, y profundas transformaciones institucionales y pedagógicas.

En este punto también la Ley de Educación Nacional vigente nos plantea las estrategias que debemos implementar sin demora. Me refiero a la inclusión temprana de más niños/as en el nivel inicial, la expansión de la jornada extendida en la primaria, la universalización de la enseñanza de la segunda lengua y la utilización de las nuevas tecnologías en el aula, la diversificación de la carrera docente y la transformación integral del modelo institucional de la escuela media que termine de una vez por todas con el “profesor taxi”, la articulación de los resultados de las evaluaciones nacionales con las mejoras necesarias en cada escuela y la inclusión plena de la Educación Sexual Integral (ESI). También es imperioso retomar aquellos capítulos que garantizan que la educación llegue a todos/as: la educación de adultos, la intercultural-bilingüe, la rural, la que atiende a los estudiantes con discapacidad, a quienes están en situación de encierro, etc.

También en la Ley 26026 están previstos los organismos participativos necesarios –que este gobierno no convocó- para garantizar la capacidad de concertación entre todos los sectores que recupere la autoridad, valoración social y participación de los docentes.

Solo así lograremos construir un sistema educativo democrático y de calidad con capacidad de incluir a todos y todas, imprescindible -junto a un fortalecido sistema científico tecnológico- para avanzar hacia una Argentina con mayor desarrollo, soberanía y justicia social, como la que se viene a partir del próximo 10 de diciembre.