Hace seis años asumí como senador nacional por la ciudad de Buenos Aires y me tocó ocupar la banca en un período en el que el Parlamento cumplió un rol central en el debate político y en la aprobación de leyes fundamentales para el proceso de transformaciones que vive el país. La nueva legislación sancionada en estos años permitió avanzar tanto en la consolidación del proceso democrático, que por primera vez cumple 30 años de vigencia ininterrumpida, como en la profundización del proyecto nacional y popular que se inició en mayo de 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y continuó con la conducción del gobierno por parte de Cristina.
Pocas veces en la historia nacional como en los últimos años, el Congreso se convirtió en el ámbito privilegiado donde se debatieron las problemáticas centrales que contribuyeron a definir la dirección del cambio emprendido y las disputas de poder e intereses que se confrontaron en torno de la ampliación de derechos ciudadanos, la distribución del ingreso y la defensa de la soberanía nacional.
Un repaso de las leyes aprobadas permite tener una dimensión de la profundidad de los avances legislativos producidos.
Hace seis años, por ejemplo, las parejas del mismo sexo no se podían casar y las personas no podían definir libremente su identidad de género. Tampoco quienes lo deseaban podían acceder al derecho a ser madres o padres a través de la fertilización asistida gratuita para todos y tenían restringido el acceso al PMO para su prevención y tratamiento pacientes con enfermedades tan importantes como la celíaca o la diabetes. Quienes padecían enfermedades mentales no contaban con los derechos que les otorga la nueva Ley de Salud Mental.
Hace seis años, el Estado contaba con menos herramientas para impulsar el desarrollo de la economía. Los fondos de las AFJP estaban en manos privadas al igual que Aerolíneas Argentinas y la principal empresa de hidrocarburos del país: YPF. Por otra parte, la regulación del Banco Central impedía su participación activa en el apoyo a un modelo de desarrollo productivo.
Hace seis años, muchos trabajadores tenían menos derechos, particularmente los más postergados, como los peones rurales y las trabajadoras domésticas. Los jubilados no contaban con la movilidad jubilatoria dos veces por año regulada por ley ni existían los fondos públicos para financiar la Asignación Universal por Hijo y para dotar de laptops a todos los estudiantes secundarios. Los jóvenes contaban con menos derechos, por ejemplo, recién alcanzaban la mayoría de edad plena a los 21 años y quienes querían ejercer el derecho ciudadano al voto desde los 16 años no podían hacerlo. Los jóvenes más humildes tenían menos posibilidades de seguir sus estudios superiores: hoy hay nueve universidades nacionales más creadas por ley.
También es producto del trabajo legislativo de estos años la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que terminó con la ley de la dictadura, que amplía la pluralidad de voces y opciones a las que puede acceder la población. Al mismo tiempo se terminó con el monopolio en la distribución del papel de diario y se potenció la capacidad de difusión de nuestra cultura a partir de leyes que protegen a nuestros artistas.
Tengo el orgullo de haber defendido en el recinto con mi voz y el voto, entre otras, todas estas leyes que en su gran mayoría fueron impulsadas por el gobierno de Cristina Kirchner. Pero también he tenido el privilegio de participar en profundos debates, cuyo resultado no nos fue favorable, como el caso de la Resolución 125, rechazada por un “voto no positivo” que contrarió claramente el espíritu de nuestra Constitución. Y he tenido la frustración de ser testigo de la baja productividad del Congreso durante los dos años en los que el Grupo A obtuvo la mayoría de la Cámara.
Pero la actividad como senador también me permitió tener iniciativa legislativa y presentar proyectos de ley propios o de elaboración junto con otros compañeros de bancada. Cerca de veinte de ellos vieron su sanción definitiva estos seis años. Algunos de estos proyectos, como el de protección de glaciares, el que regula las quemas de campos y el de lucha contra el tabaquismo debieron enfrentar intereses de enormes corporaciones. A pesar de ello, fueron aprobados por ambas Cámaras y hoy se encuentran en plena vigencia.
En el plano de la consolidación de derechos con perspectiva de género, pudimos convertir en ley nuestros proyectos de endurecimiento de penas para el femicidio y la eliminación de la figura del avenimiento que favorecía a los violadores. Un conjunto de proyectos que he presentado y amplían la igualdad de derechos en las familias, como el de “familias ensambladas”, agilización de los trámites de adopción y situación de los convivientes, han sido incorporados en el nuevo Código Civil que obtuvo media sanción por parte del Senado.
En el ámbito de la educación, la ciencia y la tecnología presentamos y fueron sancionados los proyectos que favorecen y regulan el funcionamiento de las cooperadoras escolares, las bibliotecas escolares y redes de información educativa. Transformamos en ley para que tenga carácter de política de Estado el Programa Raíces, que permite la repatriación de científicos, y ampliamos las posibilidades de inversión privada en ciencia. Respecto de los docentes, fue sancionado nuestro proyecto que otorga el 82 por ciento a todos los profesores universitarios que se jubilan.
Un párrafo particular merece la aprobación casi por unanimidad en ambas Cámaras de la Ley 26.702, que transfiere nuevas competencias para investigar y juzgar delitos y contravenciones desde la Nación hasta la Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que se transfieren por iniciativa del Congreso nacional potestades nacionales que permiten avanzar en la autonomía de la Ciudad.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y acompañando la política exterior del gobierno nacional, tuve la oportunidad de colocar en un lugar central en distintos foros parlamentarios internacionales la causa por la soberanía argentina en Malvinas. En esa misma dirección encabecé la elaboración y posterior votación unánime de la Declaración de Ushuaia, en donde se coloca la demanda por la soberanía como política de Estado a partir de la coincidencia de la totalidad de los bloques parlamentarios.
En las últimas sesiones del año tuve la alegría de ver convertida en ley la obligatoriedad para la fabricación y comercialización por parte de las empresas de telefonía móvil de equipos especiales para personas hipoacúsicas. También en esas sesiones se les dio media sanción a nuestros proyectos de elevar a rango constitucional la Convención Internacional para Personas con Discapacidad y la declaración de Areas Marinas Protegidas para su preservación como fuentes de biodiversidad y protección ambiental.
A la hora del balance y la rendición de cuentas debo señalar que también dejo el Senado con numerosas asignaturas pendientes. A pesar de los avances, necesarios proyectos ambientales, como los de la obligatoriedad del reciclado de residuos eléctricos y electrónicos, de envases, de cubiertas de autos, etc., quedaron sin convertirse en ley. Lo mismo ocurrió con mis proyectos que propician mayores niveles de autonomía a la ciudad de Buenos Aires, transfiriendo las fuerzas de seguridad, la totalidad de las competencias judiciales pendientes y creando el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitram). También quedan pendientes proyectos que amplían importantes derechos, entre otros, el que extiende el régimen de licencias por maternidad y paternidad, y el que previene y sanciona la violencia laboral. Entre las asignaturas pendientes, una de las que más lamento es la imposibilidad de generar adhesión entre colegas para la presentación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado con un conjunto de organizaciones sociales, investigadores y especialistas comprometidos con el necesario abordaje legislativo de esta problemática. Espero que los representantes del pueblo que conforman la nueva composición del Congreso nacional puedan avanzar en estos y otros temas que nuestra sociedad exige debatir y resolver positivamente.
Termino mi mandato con la esperanza de haber correspondido el honor de representar al pueblo de la Ciudad. Por mi parte, siento el orgullo de haber acompañado con mi propio aporte, desde el bloque del Frente para la Victoria, la dirección del profundo cambio que con coraje y decisión ha llevado adelante en estos seis años nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En esta dirección seguiré trabajando por las mismas utopías y convicciones que Néstor prometió no dejar fuera de la Casa de Gobierno el 25 de mayo de 2003.
*Columna publicada en Página/12*