70 años de gratuidad en la universidad: reflexiones y desafíos

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Columna de opinión publicada en Infobae.

Ayer se cumplieron 70 años desde que el general Juan Domingo Perón dispuso, a través del decreto 29.337, “…la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país…”. Es una excelente oportunidad para reivindicar una decisión que amplió el proceso de democratización de la educación superior en el país que ya se había iniciado con el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918. Pero también es un buen momento para analizar si continúan vigentes los objetivos propuestos en 1949 y abrir un debate acerca de los nuevos caminos que la universidad debe transitar para enfrentar con éxito los desafíos del momento actual.

El decreto que conmemoramos tuvo como objetivo hacer realidad el “…derecho a alcanzar los más altos grados de instrucción” que acababa de lograr categoría constitucional pocos meses antes de aprobarse la gratuidad, a partir del trabajo de la Asamblea Constituyente de 1949. Si acceder a la universidad se había convertido en un derecho, pasó a ser evidente entonces que su cumplimiento no podía quedar supeditado a las condiciones del mercado o a las posibilidades económicas de cada uno de los/as jóvenes o sus familias. El sentido del decreto fue colocar en responsabilidad del Estado la garantía de que todos/as puedan acceder y egresar de las universidades nacionales. La Constitución del ‘49 lleva esta responsabilidad más allá de la gratuidad de la enseñanza. En el inciso 6 del artículo 37 plantea que “…el Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias…”.

Pero lo que nos interesa enfatizar en este artículo es que para el gobierno del general Perón el decreto en cuestión no sólo plantea la gratuidad como un mecanismo que posibilita el ejercicio de un derecho individual. También es contemplada como una estrategia de desarrollo cultural y económico de la nación. Cada vez que el texto del decreto o el de la propia Constitución de 1949 hace referencia al derecho a la educación superior, lo vincula explícitamente con la función y responsabilidad social que asumen aquellos que estudiarán en la universidad.

Como ya hemos visto, se decreta la gratuidad para quienes quieran estudiar “para el bien del país”. En la Constitución, la función social de la educación debe tener como objetivo permanente el “engrandecimiento de la nación” y “el bien de la comunidad”. Para ello, la universidad tiene como “… propósito que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y misión histórica de la República Argentina”.

En el mismo sentido plantea la responsabilidad de la universidad respecto del desarrollo regional: “Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.

Esta doble perspectiva, que propone que la universidad debe ser gratuita tanto para garantizar el derecho de todos/as a la educación superior, como para aportar a la generación de las condiciones de desarrollo cultural, económico y científico de cada región -y de la nación en su conjunto- sigue manteniendo plena vigencia en la Argentina. Sin embargo, es posible afirmar que desde la puesta en marcha del decreto avanzamos mucho más en la ampliación del derecho que en lograr una permanente articulación de las universidades con el modelo productivo y social que el país necesita.

Pero recuperar esta mirada en los tiempos actuales nos presenta un gran desafío en dos direcciones. Por un lado, mejorar las condiciones de distribución de la riqueza y de la calidad de la educación pública básica y media de manera de avanzar en la igualdad social que se requiere para que cada vez sean mayores las posibilidades de todos/as los/as jóvenes de acceder y egresar de la educación superior. Por otro, profundizar la articulación del trabajo académico y científico de las universidades con las necesidades culturales, sociales y económicas que requiere un desarrollo regional y nacional soberano. En ambos aspectos tenemos enormes asignaturas pendientes y en los últimos cuatro años se ha retrocedido notoriamente. Argentina es hoy un país con mayor desigualdad y con menor capacidad productiva y desarrollo científico que en 2015. Es necesario recuperar el tiempo perdido.

Sin duda, uno de los grandes desafíos del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre será transformar el modelo productivo. Se trata de dejar atrás un modelo de crecimiento para unos pocos, basado en las condiciones del mercado internacional para la exportación de materias primas y la especulación financiera, y avanzar hacia la construcción de un poderoso modelo industrial que esté en condiciones de incorporar activamente a todos/as los/as argentinos/as al trabajo digno y la ciudadanía plena.

No existen experiencias internacionales en las cuales un modelo de desarrollo y progreso de este tipo se haya podido edificar sin el decidido apoyo del sistema universitario. Por supuesto, es necesario crear más oportunidades para que se incorporen nuevas generaciones de jóvenes a las universidades. Pero también es imprescindible realizar profundos cambios en su funcionamiento y en su articulación con las exigencias sociales y productivas de un país que avance hacia crecientes niveles de desarrollo y justicia social.

Reivindicar y al mismo tiempo actualizar los postulados que sostuvo hace 70 años el decreto de gratuidad de la enseñanza superior exige un profundo y participativo ejercicio de reflexión por parte de la comunidad universitaria. Ejercicio que debiera culminar en una nueva Ley de Educación Superior profundamente democrática, que proponga un nuevo marco legal que consolide las históricas conquistas de la universidad argentina, que ensanche aún más el proceso de ampliación de derechos y que permita dar cuenta de las enormes transformaciones sociales y científico-tecnológicas que han ocurrido en las últimas décadas.