Artículo publicado en Clarín
Por Daniel Filmus *
A cien años de la Reforma Universitaria de 1918, sus principales postulados tienen plena vigencia. Efectivamente, un siglo después, la autonomía, el cogobierno de los claustros, la libertad de cátedra, el énfasis por la investigación experimental y la perspectiva latinoamericanista siguen siendo algunas de las condiciones básicas sobre las cuales se organiza y debe llevar adelante su tarea nuestra Universidad.
La Reforma fue la expresión de los incipientes sectores medios que habían logrado progresar en el sistema educativo a partir de la sanción de Ley 1420. Este nuevo actor social comenzó a pugnar por el acceso y la democratización de una Universidad que se resistía a abandonar sus características elitistas, medievales y clericales. La intervención del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, quien había logrado llegar a la máxima investidura a partir de la lucha de estos mismos sectores medios, fue decisiva.
El impacto de la Reforma trascendió ampliamente nuestras fronteras, al convertirse en un grito de rebeldía y emancipación que se escuchó a lo largo de todo nuestro continente. La gratuidad de la educación superior, consagrada por el peronismo en 1949, complementó el efecto democratizador del reclamo del 18.
A pesar del enorme consenso que tienen los postulados de la Reforma, la conmemoración del aniversario permite diferentes lecturas. Las perspectivas nostálgicas, formales y conservadoras pretenden reducir el recuerdo del movimiento cordobés a una imagen anclada en el pasado, como si en estos cien años no hubieran ocurrido profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y científico-tecnológicas. Desde nuestra perspectiva en cambio, conmemorarla exige retomar sus postulados fundacionales. Pero con ello no alcanza. Autonomía, cogobierno, libertad de cátedra y gratuidad hoy son requisitos necesarios e imprescindibles, pero no suficientes para asegurar una Universidad democrática y comprometida con un modelo de desarrollo que combine progreso, soberanía e igualdad social.
Vivimos una época en la que la información, el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un rol decisivo en la generación de un proyecto de país basado en la capacidad de trabajo, creación e innovación de su gente y en la posibilidad soberana de tomar decisiones en forma autónoma. En este contexto, la Universidad debe continuar y profundizar su tradicional función en torno de la movilidad social ascendente y dar conocimientos y certificados que permitan mejorar las condiciones de vida de sus egresados. Pero al mismo tiempo debe generar los mecanismos para aportar a la creación de conocimiento, al desarrollo de tecnología y a la formación de profesionales fuertemente comprometidos con un modelo de país en el que la Universidad debe constituirse en un pilar fundamental del progreso y la integración social y regional.
Es por ello que la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe (CRES) realizada en 2008 en Cartagena, colocó a la Educación Superior como un derecho humano universal pero también como un bien público social. El Estado tiene la obligación de garantizar la posibilidad de que todas/os las/os ciudadanas/os accedan a una educación superior de calidad. Pero también de asegurar que esa educación tenga una función social que la coloque al servicio de toda la población. Principalmente de quienes aún no han podido acceder a ese derecho.
Cristalizar la Reforma en el pasado o reivindicarla sólo como una efeméride reduce su potencialidad transformadora. Recuperar su legado implica asumir el mismo desafío que en su tiempo enfrentaron Deodoro Roca y quienes encabezaron el movimiento: proponer profundas transformaciones al sistema universitario para colocarlo de cara a los nuevos desafíos de la época. En este sentido, consideramos que el debate y la aprobación de una Ley de Educación Superior que tenga en cuenta las nuevas realidades sigue siendo una asignatura pendiente. Entre otros aspectos, esta Ley debiera favorecer la articulación de la Universidad con las necesidades y actores locales, regionales y nacionales para aportar desde su especificidad a las estrategias de desarrollo e integración social.
“Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”, proclamaron los reformistas a los “hombres libres de Sudamérica” en aquel junio cordobés. Un siglo después, la Universidad debe convertirse en una herramienta fundamental para mitigar los dolores que aún nos quedan, que lamentablemente, siguen siendo demasiados.
* Profesor titular de la UBA-CONICET. Diputado Nacional y ex ministro de Educación (2003-2007)