Ya no podemos concebir un país con un estado ausente

En los casi 29 años siguientes (1955/diciembre ’83) las dictaduras se alternaron con democracias restringidas y proscriptivas que culminaron con el gobierno más represor y genocida de la historia argentina. Se tiraron abajo gran parte de las conquistas populares y se sometió al país a condiciones inéditas de dependencia política y financiera.El período que estamos viviendo no ha sido lineal. Las grandes esperanzas que se abrieron con la asunción de Raúl Alfonsín y sus valientes decisiones en torno a la apertura política y cultural (en la cual el juicio a las Juntas Militares jugó un rol fundamental), dieron lugar a un momento posterior de desencanto profundo con el sistema. Los condicionamientos militares que lograron reinstaurar la impunidad y las políticas neoliberales que destruyeron el aparato productivo y arrojaron a millones de argentinos a la exclusión, culminaron en la deslegitimación total de la política. El «que se vayan todos» fue la consecuencia final de este proceso. Sólo la memoria y el alto grado de madurez política permitieron que la crisis se superara sin la ruptura del orden constitucional.

Nuevamente estamos viviendo casi diez años de trascendentes conquistas sociales y de reafirmación de la soberanía. A partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 y con la continuidad de Cristina hemos tenido avances que nos permitieron recuperar muchos derechos conculcados y proyectarlos hacia nuevas formas de desarrollo, integración y participación social. Muchos de estos avances ya nos parecen tan «naturales» que, como ocurrió a mediados del siglo XX, imaginamos que llegaron para quedarse para siempre en la vida argentina. Ya no podemos concebir un país con los genocidas en la calle, con un Estado ausente, con jubilados sin cobertura, con desocupación masiva, con docentes desjerarquizados, con trabajadores sin paritarias, con las empresas estratégicas privatizadas, con niños sin la AUH, con restricciones al matrimonio igualitario, con prioridad hacia las relaciones carnales con las potencias y sin integración latinoamericana.

Sin embargo, quienes vieron perder sus privilegios por estas políticas nacionales y populares no se resignan e intentan recuperar su capacidad para aplicar su proyecto de un país para pocos. Estos sectores se están abroquelando en torno a la disputa por la legítima aplicación de la Ley de Medios con el objetivo de mantener el monopolio de la palabra y también de recuperar los resortes fundamentales de la economía y el poder político.