Referéndum Malvinas: la trampa de la “participación popular”

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21/02/13 – Publicado en Página 12

La reciente misión diplomática argentina en Londres encabezada por el
Canciller Héctor Timerman permitió confirmar la intransigencia británica a la
negociación bilateral sobre la soberanía de las Islas Malvinas en los términos
planteados por las resoluciones de las Naciones Unidas. La obturación del
diálogo en este caso resultó de una situación inaceptable para la posición
argentina que exige el cumplimiento de dichas resoluciones: se intentó incluir
en la reunión entre Cancilleres a representantes de los habitantes británicos de
las Malvinas. Este hecho puso en evidencia la negativa del Reino Unido a
avanzar en la resolución de una de las últimas situaciones coloniales que vive
la humanidad.
La actitud británica plantea una trascendente tarea para la diplomacia
argentina, desnudar que detrás de la invocación del “derecho de
autodeterminación de los isleños” se encuentran los verdaderos intereses del
Reino Unido: poseer una poderosa base militar en una zona estratégica del
Atlántico Sur, apropiarse de las riquezas y recursos naturales existentes en la
región y consolidar sus pretensiones sobre el territorio antártico. Todas estas
acciones no sólo lesionan los legítimos derechos argentinos, sino los de gran
parte de los países y pueblos de Sudamérica.
En este contexto, la ofensiva diplomática que ha llevado a cabo
Argentina en todos los foros internacionales y la solidaridad que ha concitado
entre las naciones ha obligado al Reino Unido a planificar una nueva acción
política de naturaleza publicitaria: el referendo sobre la voluntad de los isleños
de continuar siendo un territorio británico. Poner en evidencia los verdaderos
intereses coloniales que el Reino Unido pretende perpetuar en Malvinas a
través de esta maniobra no será fácil. Como sabemos, tanto la idea de
“autodeterminación de los pueblos”, como un referendum como expresión de
la voluntad popular resultan aparentemente atractivos para la opinión pública
mundial. Ello nos obliga a denunciar la trampa que esconde la apariencia de
“participación popular” en el caso de un pueblo implantado.
Las resoluciones de Naciones Unidas (particularmente la 2065) son
sumamente precisas al respecto. Estamos haciendo referencia a una situación
especial: se trata de un territorio colonial, no de un pueblo colonizado. El
pueblo existente en el momento de la invasión militar fue expulsado. Por ello,
en este caso la ONU no se plantea como solución del conflicto por la
soberanía la autodeterminación del pueblo que habita las islas como en otras
situaciones coloniales. En la situación de Malvinas se reclama el diálogo
bilateral a partir del cercenamiento de la integridad territorial que se invoca en
la Resolución 1514 de la ONU.
Los reclamos de Gran Bretaña en esta dirección nunca han encontrado
apoyo en la comunidad internacional. Ninguna resolución de la ONU

relacionada con la Cuestión Malvinas se ha referido a la libre determinación,
en marcado contraste con las otras resoluciones referidas a la descolonización.
En el año 1985, el Reino Unido intentó aprovechar la situación de post-guerra
e introducir enmiendas a las resoluciones de la ONU, pero fueron rechazadas.
Para la ONU y para la comunidad internacional, el principio de libre
determinación no es aplicable a la cuestión Malvinas. Por ello el referendo no
tiene ningún tipo de legalidad ni sustento en el orden jurídico internacional. Se
le preguntará a una población británica, en parte descendiente de británicos
implantados luego de una usurpación militar ocurrida en 1833, si desea
continuar siendo británica. El resultado no nos puede sorprender. Como
señalara en el Seminario en Londres el Malvinense residente en Argentina
Alejandro Betts: “ el referendo en Malvinas se reduce a un ejercicio de
autosatisfacción británico”.
Como tampoco nos sorprende que la potencia colonialista por
excelencia durante siglos sólo invoque el derecho de los pueblos a decidir en
el caso de Malvinas. ¿Por qué no lo ha hecho en el caso de Hong-Kong?. ¿Por
qué ha desalojado sin consulta previa a los habitantes de la Isla Diego García
para alquilarla “deshabitada y desinfectada” como base militar de los EEUU
en el Océano Indico? ¿Por qué a pesar de que la Corte Suprema británica falló
a favor del retorno de este pueblo a su isla aún hoy se les impide regresar?
La posición Argentina en cambio, no sólo es respaldada por la ONU,
también lo es por la OEA, por el MERCOSUR, UNASUR, CELAC, SICA,
las cumbres Iberoamericanas, las cumbres de América del Sur con los países
árabes y africanos, el Grupo de los 77 más China, etc. En la reciente
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana realizada en Santiago de Chile
se incluyó en el mensaje a la Cumbre de Jefes de Estado un párrafo especial
donde se recomienda “ favorecer el diálogo para una solución pacífica, justa y
duradera en el marco de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas
(incluyendo la Resolución 2065)”
Cabe destacar que la posición Argentina no desconoce la existencia de
los isleños. La Resolución 2065 de la ONU es clara cuando señala que en la
negociación bilateral con los británicos hay que respetar los intereses (no los
deseos) de los isleños y nuestra Constitución Nacional en su disposición
transitoria tercera enuncia que es necesario “respetar el modo de vida” de
quienes habitan las islas. Lo que no pueden hacer, es decidir sobre la
nacionalidad del territorio en el que viven, que fue usurpado por el Reino
unido hace 180 años.
En la Argentina, el reclamo por la soberanía en Malvinas es
prácticamente unánime. Tanto en el pueblo como en el conjunto de la
dirigencia y las fuerzas políticas. Ello quedó refrendado en la declaración de

Ushuaia, votada por unanimidad en ambas Cámaras.
Sin embargo, en los últimos tiempos, tanto desde algunos medios
dominantes como de dirigentes de la oposición que les hacen seguidismo,
trata de mostrarse la firmeza del reclamo del gobierno de Cristina como
contraproducente a la posibilidad de entablar la negociación con Reino Unido.
Coinciden con la mirada de los propios Conservadores británicos en el
Gobierno. El canciller Hague acaba de expresarlo en un diario argentino: “
…el actual gobierno argentino está siguiendo un camino diferente a sus
antecesores…en los 90 y hasta el 2002 hubo buenas discusiones entre Gran
Bretaña y Argentina…” La voluntad británica de que Argentina vuelva a las
relaciones “carnales” o a la política de seducción que manifiesta Hague es de
tal magnitud que la periodista se ve obligada a preguntarle: “¡Ustedes no
estarán extrañando al ex ministro Guido Di Tella por casualidad, no?” Es
evidente que sí. En aquel momento Argentina sólo mantenía el reclamo de
manera formal y evitaba hablar de Malvinas. El propio Hage enuncia en la
misma nota qué tipo de diálogo pretende: “…a mi me encantaría tener
discusiones con el canciller argentino pero estas discusiones no pueden ser
sobre la soberanía de las falkland (sic)..:” La realidad muestra que en esos
años no se avanzó un solo paso en la cuestión de la soberanía.
La convicción del actual gobierno de Cristina es que sólo a través de una
diplomacia activa y firme con un sólido apoyo regional de nuestros hermanos
de la CELAC se generarán las condiciones para que el Reino Unido se
disponga a cumplir la resolución de Naciones Unidas y retome el diálogo
sobre la soberanía de Malvinas.
La declaración de 18 grupos Europeos de apoyo al diálogo por Malvinas que
se firmó en Londres en la reunión organizada por la embajadora Alicia Castro
es una demostración más del creciente consenso mundial en que este diálogo
sobre la situación colonial de Malvinas no se puede postergar por mucho más
tiempo.