La primera de ellas, es que permite consolidar un proceso de transformación económica que tiene como objetivo dejar atrás el modelo agroexportador heredado y avanzar hacia un país cada vez más industrial que basa su desarrollo en la capacidad de agregar valor a partir del trabajo calificado de su gente y de la aplicación de la innovación científico-tecnológica.

Un país que casi duplicó su economía en los últimos nueve años ha encontrado en la capacidad de generación de energía el principal cuello de botella para seguir creciendo. En este sentido, la falta de inversión, exploración y producción de la empresa hidrocarburífera más importante de la Argentina contribuyó fuertemente al incremento del déficit energético.
Colocar a YPF a tono con las demandas de un crecimiento industrial autosostenido significará contar con una herramienta imprescindible para continuar con el impulso que necesita nuestra economía para generar más trabajo y acceso al consumo para todos los argentinos.
La segunda razón es que la nacionalización de YPF a través de la recuperación de la propiedad y el control del 51% del paquete accionario por el Estado Nacional contribuye decididamente a afianzar la soberanía energética del país. La ampliación de la capacidad de decisión económica y política del Estado Nacional frente a los permanentes intentos de condicionamiento por parte de los organismos financieros internacionales y las grandes potencias, se inscribe en un camino iniciado desde el mismo 25 de mayo de 2003.
La renegociación de la deuda externa, la autonomización de las políticas del FMI a partir de cancelar la deuda, la nacionalización de los fondos de las AFJP, de Aerolíneas Argentinas, de AySA, del Correo, de la fábrica de aviones de Córdoba, la prioridad a la integración económica con los países del Mercosur y la Unasur, son algunos de los hitos en esta dirección.
La voluntad política de revertir las estrategias económicas neoliberales subordinadas a otros intereses que no son los nacionales y de implementar un nuevo patrón de crecimiento basado en la autonomía en las decisiones, se afianza a partir de este proyecto de ley.
Con el proceso de recuperación en los últimos años de la soberanía financiera y de la política exterior, la autonomía respecto a la política hidrocarburífica se constituirá en una herramienta fundamental para garantizar la capacidad de decisión nacional respecto al modelo de desarrollo en el mediano y largo plazo.
El último de los aspectos que queremos destacar es el cambio cultural respecto a la percepción del papel del Estado en la economía y las relaciones sociales por parte del pueblo argentino.
El enorme consenso que provocó la medida tomada por Cristina muestra que el proyecto llevado adelante desde 2003 ha tenido un gran triunfo cultural. Hemos dejado atrás la perspectiva neoliberal que desde el año 1976 se ha intentado imponer, por medio del terrorismo de Estado o, ya en democracia, por medio de la defensa del papel hegemónico del mercado.
Hoy el Estado ha vuelto a ser percibido por la población como un actor principal en la producción y distribución de bienes y servicios que tienen un valor estratégico, ya sea para consolidar un modelo de desarrollo o para garantizar una distribución democrática que alcance a todos los sectores de la población sin exclusiones.
Este cambio en la mirada respecto del Estado es, sin lugar a dudas, una de las transformaciones ideológicas más importantes que se han producido en un contexto en el que los medios de comunicación dominantes trabajan diariamente para descalificar todo lo que significa mayor presencia del Estado, de lo público y de la política con el objetivo de dar mayor preponderancia a los intereses de las grandes corporaciones.
Este cambio en la conciencia de nuestro pueblo se convierte en uno de los factores que, junto con la organización política y el trabajo militante, garantizarán la continuidad y profundización del proyecto que encabeza Cristina.