Buenos Aires, 25 de septiembre -Télam –
La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires abrirá el lunes próximo una Unidad Especial para la defensa del patrimonio urbano de los porteños, anunció hoy su titular, Mario Kestelboim.
El nuevo organismo judicial estará a cargo del defensor adjunto, Andrés Gallardo, y el 18 de octubre abrirá su sede en México y Tacuarí, en el barrio porteño de Monserrat.
El anuncio fue hecho en el Senado, en una conferencia convocada por los senadores Daniel Filmus (Frente para la Victoria), Samuel Cabanchik (Probafe) y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), quienes habían pedido esta unidad, junto con la legisladora porteña María José Lubertino (Frente para la Victoria).
«Quiero expresar mi agradecimiento y mi satisfacción por una respuesta tan rápida», dijo Filmus. «Este espacio no sólo servirá para presentar denuncias contra los atropellos que sufre el patrimonio histórico de la ciudad, sino para pensar e intercambiar ideas sobre cómo conservarlo de la mejor manera», añadió.
Filmus destacó la confluencia en la iniciativa de legisladores de distintos bloques con «numerosas entidades de la sociedad civil», como Basta de demoler, SOS Caballito y Queremos Buenos Aires.
Estenssoro adhirió pero no asistió porque estaba de viaje, y Cabanchik también subrayó las coincidencias, «más allá de la pertenencia a diferentes bloques y jurisdicciones, todos juntos por Buenos Aires, por el bien común», dijo.
Gallardo, a su turno, subrayó «el perfil que le ha dado el defensor, Mario Kestelboim (allí presente), a la Defensoría General de la Ciudad, porque en la Justicia hay dos formas de actuar: una formalista y otra que previene, que trata de anticipar y construir en vez de trabajar sobre la destrucción».
El defensor adjunto criticó que hayan debido reunirse ciudadanos, legisladores y funcionarios judiciales «a hacer lo que el Gobierno de la Ciudad debiera hacer por mandato constitucional».
Cuestionó asimismo al Ministerio Público porteño, que «encuentra más útil perseguir manteros y trapitos a poner bajo control a la corporación inmobiliaria».
Opinó asimismo que cierto eslogan que habla de Buenos Aires como la «smart city» sintetiza la visión que tiene de ella el gobierno de Mauricio Macri, «una ciudad plástica, insustancial, sin historia y sin memoria».
La secretaria general de la Comisión para la Preservación Histórico-Cultural de Buenos Aires, Mónica Capano, elogió la decisión, porque «los casos se multiplican: ahora tenemos a los vecinos afectados por el plan de prolongación de la Diagonal Sur».
Lubertino se congratuló por el anuncio y dijo que tiene 20 causas de patrimonio amenazado para transferirle al nuevo organismo. «Estamos desbordados», confesó.
Santiago Pusso, vicepresidente de Basta de demoler, citó el caso de la centenaria capilla de Las Victorias, en Libertad 870, donde pese a una decisión judicial, «tras las puertas se escuchaban el viernes los mazazos de la demolición, y tuvo que ir la jueza en persona a poner la faja en la puerta, porque la Policía Metropolitana decía que no tenía a quién mandar». (Télam).-