27.11.12 | Tiempo Argentino| Opinión
Si alguien tenía dudas respecto del verdadero objetivo que persigue el Grupo Clarín al oponerse a la aplicación de la Ley de Medios, esas dudas se disiparán al analizar la denuncia que acaba de realizar contra periodistas y funcionarios. Todos sabemos que esas denuncias no podrán prosperar en la justicia, pero está claro que ese no es el objetivo. El verdadero interés de Clarín es generar miedo. Amedrentar a quienes piensan distinto y ejercen ese derecho desde la función pública o desde su tarea de periodistas.
Durante décadas la capacidad de amenazar a gobiernos que podían aplicar políticas en contra de sus intereses fue ejercida desde la portada. La seguridad de que ningún gobierno o funcionario podría resistir varias tapas adversas sin renunciar, se desmoronó cuando el kirchnerismo recuperó para la política la potestad de decidir los destinos del país. La falta de legitimidad de la política generada tras la crisis de representatividad, había permitido que las corporaciones monopólicas la remplazaran en esa función que debía haber sido indelegable. Pero en los últimos años quedó demostrado que cuando un gobierno es fiel al mandato popular y no se aparta del programa para el cual fue elegido logra, aun con la férrea oposición de los sectores dominantes de la sociedad y de los medios de comunicación hegemónicos, sostener sus estrategias de profundas transformaciones a partir del respaldo de la voluntad popular expresada en las calles y en las urnas.
A pocos días del 7 de diciembre, se pretende cuestionar la legitimidad de la Ley de Medios. Pero la misma está fuera de discusión. Luego de ser debatida a lo largo y a lo ancho del país por miles de ciudadanos, fue votada por amplia mayoría en ambas Cámaras. Mayoría que superó holgadamente la composición del bloque oficialista. Por ejemplo, en el caso del Senado el resultado de la votación testimonió un apoyo de 44 votos a favor y 24 en contra.
Pero esta legitimación a la Ley de Medios también fue convalidada en el último resultado electoral, no sólo por el 54% de los votos a Cristina, sino porque la suma de votos hacia las fuerzas que acompañaron la Ley de Medios alcanzó a tres de cada cuatro argentinos.
La resolución de la Corte Suprema que fija el 7 de diciembre como fecha de aplicación de la Ley de Medios pone en evidencia la confluencia de los tres poderes del Estado en dirección a colocarla en vigencia.
Es posible esperar hasta esa fecha nuevas expresiones de intolerancia y desafío a las leyes del Grupo Clarín, que ha dejado en claro que no le interesa la libertad de prensa y expresión. Sólo pretende defender sus intereses económicos cueste lo que cueste y perpetuar su situación dominante en el campo de los medios de comunicación.