El desafío más importante que queda es ampliar la inclusión en el sistema, principalmente en el nivel inicial y medio, al mismo tiempo que mejorar la calidad de la educación.
Junto con la finalización del mandato del presidente Néstor Kirchner ocurrirá un hecho poco frecuente en la historia argentina. Por primera vez desde la presidencia de Hipólito Yrigoyen, un ministro de Educación habrá acompañado durante todo el período constitucional a un Presidente de la Nación.
Estamos ante una oportunidad histórica que nos coloca en condiciones de superar la tradición de discontinuidad en las políticas educativas y avanzar en la profundización de las transformaciones ocurridas en los últimos años.
Esta oportunidad también se sostiene en que a nivel económicosocial estamos superando los aspectos más graves de la crisis. Según datos de UNICEF, en mayo del 2003 el 71% de los niños argentinos estaban en situación de pobreza y el 40% de indigencia. En algunas provincias, particularmente las del NOA y NEA, y en localidades de las periferias de las grandes ciudades más del 90% de los alumnos que concurrían a las escuelas públicas provenían de familias pobres.
Pero las escuelas y los docentes que debían recibirlos también mostraban una situación de carencia sin precedentes. Cerca de la mitad de las provincias habían recortado el sueldo docente y 7 de ellas debían salarios atrasados.
El trabajo pedagógico de las escuelas había renunciado a parte de su espacio y tiempo para dar lugar a las necesidades de contención social y alimentación que mostraban nuestros niños y jóvenes.
En este contexto, las primeras acciones que debieron implementarse desde el ministerio en el año 2003 pueden definirse como de emergencia o «reparación» y estuvieron dirigidas a apoyar a los docentes que habían visto caer sobre sus espaldas el mayor peso de la crisis.
Con este objetivo reparador se asumió desde el Estado nacional el pago de los salarios en las jurisdicciones en las que se debía el mismo y aún no habían comenzado las clases en el mes de mayo; se cumplió con el incentivo docente que había demandado más de 1000 días de permanencia de la Carpa Blanca y se recuperó el régimen jubilatorio. También a través de becas, guardapolvos, libros, infraestructura, computadoras, apoyo pedagógico se atendieron las necesidades más básicas para que los niños y jóvenes pudieran continuar los estudios.
Otra preocupación inicial fue rearticular un sistema educativo profundamente fragmentado y desigual producto de la transferencia de servicios educativos a las provincias sin los recursos correspondientes. Por ello, fue necesario redefinir los parámetros comunes para recomponer un sistema que, con concepción federal, se planteara generar igualdad de condiciones para todos los niños y jóvenes argentinos.
La elaboración de Núcleo de Aprendizajes Prioritarios (NAP) que permiten homogeneizar nacionalmente las expectativas de aprendizaje en cada uno de los grados, la incorporación de las evaluaciones finales en el nivel medio, la definición de parámetros comunes para la formación de base y el perfeccionamiento permanente de los docentes, la realización de los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad (ONE) y la definición del ciclo lectivo de 180 días de clase fueron algunas de las medidas impulsadas desde el Consejo Federal de Educación
Al avanzar sobre estas problemáticas quedó en evidencia que era necesario transformar la legislación vigente para colocar la educación argentina de cara a los desafíos del siglo XXI y a la necesidad de construir un sistema educativo de calidad para todos. Es así que el Congreso Nacional, luego de un profundo debate social y pedagógico, aprobó un conjunto de leyes que fijan metas, orientan la transformación educativa y garantizan los recursos financieros y los organismos participativos para llevarlos adelante.
Las leyes de Educación Técnica, del salario docente y los 180 días de clase, de Financiamiento Educativo, de Educación Sexual, de los Derechos de niños y adolescentes y principalmente la Ley de Educación Nacional conforman un plexo normativo nuevo, pero también un programa de trabajo que es necesario continuar implementando en los próximos años.
El consenso político y social alcanzado en torno a los objetivos que se plantean estas leyes permite proponer que la imprescindible continuidad y persistencia que exige la mejora de la educación ya no depende únicamente de la necesaria voluntad de los gobiernos elegidos democráticamente. También requiere de la acción del conjunto de los actores sociales involucrados en el proceso educativo en torno a la elevación de la calidad institucional y por lo tanto al cumplimiento de las leyes.
Argentina emerge de la peor parte de su crisis educativa habiendo sostenido, a pesar del crecimiento de la exclusión social y de la caída de la inversión educativa, su matrícula escolar. El desafío más importante que enfrentamos ahora es ampliar la inclusión en el sistema principalmente en el nivel inicial y medio, al mismo tiempo que mejorar la calidad, elevando sustantivamente e igualando los aprendizajes que adquieren todos nuestros alumnos.
Culmino estos 4 años y medio de gestión a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con plena conciencia de que, a pesar de los avances logrados, es mucho más lo que queda por realizar. Pero también con la convicción de que en estos años hemos aportado a que la educación y la ciencia se conviertan en política de Estado y en prioridad nacional. Así lo ha manifestado la Presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner y demostrado en la calidad de los ministros designados en ambas áreas.
Agradezco profundamente el apoyo permanente recibido de parte del Presidente de la Nación y de todos los compañeros de gabinete. Finalmente reitero mi admiración y respeto por el cotidiano heroísmo, tesón y fortaleza con que encaran su tarea los docentes argentinos.
Daniel Filmus