Columna de opinión publicada en Página/12.
Por Daniel Filmus*
Un reciente estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad (Cippec) acerca de la inversión educativa en Argentina nos brinda elementos para analizar las verdaderas razones por las cuales, violando la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), el gobierno de Mauricio Macri no convoca a la paritaria docente nacional.
El trabajo del Cippec muestra que en el período 2003-2015 la inversión educativa prácticamente se duplicó. Se destaca particularmente el papel desempeñado por la LFE: “La aprobación de la LFE marcó un punto de inflexión en la inversión del sector…el gasto público se incrementó en más del 50 por ciento (participación en el PBI), al pasar del 4,2 por ciento en el 2005 al 6,6 por ciento en el 2015”. Esta tendencia se revierte claramente al llegar al 2016: “Es el último año el que mayor disminución presenta (8 por ciento)…” El ajuste aplicado a la educación en el primer año del gobierno de Mauricio Macri es uno de los mayores desde el inicio del nuevo siglo.
Otro aporte que realiza la investigación del Cippec es poner en evidencia las enormes desigualdades de inversión educativa entre las provincias, particularmente la gran diferencia entre los sueldos que reciben los maestros.
Precisamente, con el objetivo de disminuir estas desigualdades, la LFE había incorporado la posibilidad de generar un piso salarial común para todo el país y creado el Programa de Compensación Salarial (PCS). Este programa permitió que desde el año 2006 el gobierno nacional apoyara financieramente a las provincias con menores recursos a los efectos de poder pagar el piso salarial. La LFE posibilitó una mayor inversión en educación y al mismo tiempo una distribución más equitativa de estos recursos.
Los datos brindados por el Cippec también permiten analizar que en el año 2016 los sueldos de los docentes argentinos cayeron en promedio el 5 por ciento. En el período 2016/17 la pérdida fue cercana al 10 por ciento. Queda claro entonces, que el primer objetivo del gobierno de Mauricio Macri al eliminar la paritaria nacional es disminuir la capacidad de negociación de los sindicatos y seguir castigando el salario docente. La oferta del 15 por ciento de aumento que realizó la Provincia de Buenos Aires y la del 12 por ciento que ofreció el gobierno de la CABA lo corrobora.
Pero el segundo objetivo de la eliminación de la paritaria nacional es profundizar la desigualdad entre las provincias, favoreciendo a las que más recursos poseen y que están gobernadas por Cambiemos. ¿Cómo logra el gobierno nacional este objetivo? Derivando los fondos que corresponden al Programa de Compensación y que están dirigidos exclusivamente a las provincias más pobres, hacia el Fondo Incentivo Salarial Docente (FIS). Del total de los recursos destinados por el estado nacional a salarios, el porcentaje dedicado al PCS disminuyó en los últimos dos años del 23 al 6 por ciento.
Pero esta situación se agrava en la distribución presupuestaria prevista para el año 2018. En este caso, los fondos destinados al PCS se han reducido del 6 al 2,3 por ciento. ¿Cuánto perjudica a las provincias más pobres este tipo de distribución? Si el gobierno nacional hubiera mantenido el 23 por ciento para el PCS, las provincias con mayores necesidades recibirían en el presente año 5.290 millones de pesos para afrontar el piso salarial común. Pero con la nueva distribución recibirán sólo 550 millones.
De esta manera queda claro cómo el gobierno de Mauricio Macri, al eliminar la paritaria nacional docente, cumple su objetivo de desigualar más la distribución de recursos. Minimiza el PCS de tal manera que en el año 2018 las provincias más pobres dejan de percibir 4.740 millones de pesos que son redireccionados mayoritariamente a las provincias más ricas. El 60 por ciento de los recursos del incentivo docente se concentran en las cinco provincias más grandes y con más recursos, cuatro de las cuales están gobernadas por Cambiemos.
Por último, cabe destacar que todavía estamos a tiempo de lograr que las clases comiencen sin conflicto docente y sin que nuestros alumnos pierdan días de clase. El Gobierno nacional debe cumplir la ley, llamar a la paritaria nacional, acordar entre el Consejo Federal de Educación que representa a todas las provincias y los sindicatos un piso salarial digno y dedicar al Programa de Compensación Salarial los fondos que se requieren para lograr una educación igualitaria de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes argentinos.
* Diputado Nacional – Frente para la Victoria-PJ.