Artículo publicado en el diario La Nación.
Por Daniel Filmus *
¿Por qué debatir y aprobar un proyecto de ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)? Porque la realidad es elocuente y nos interpela, en especial, a quienes tenemos la responsabilidad por mandato del pueblo de dictar leyes.
La reconocida revista científica The Lancet, en su trabajo publicado en septiembre de 2017, señala que «el aborto en el mundo ha disminuido en los últimos años y se estima que la legalización de la práctica ha sido el factor que más ha contribuido» y que «los países con aborto penalizado son los que presentan las más altas tasas de aborto». En esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expone: «En los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro; por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos». Cabe destacar que la IVE está legalizada en la casi totalidad de países con mayor nivel de desarrollo.
De este modo, es evidente que el aborto clandestino afecta el derecho a la vida de las mujeres más vulnerables, consolida un mercado ilegal e ignora lo que ocurre cotidianamente en la realidad. Los legisladores debemos hacernos cargo de ello. Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) -intérprete del Pacto Internacional de DESC, con jerarquía constitucional- aseveró que el derecho a la salud sexual y reproductiva «está íntimamente ligado a los derechos civiles y políticos que fundamentan la integridad física y mental de las personas y su autonomía, como los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Por ejemplo, la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia o la negativa a practicar abortos son causas muchas veces de mortalidad y morbilidad materna, que, a su vez, son una violación del derecho a la vida o la seguridad, y, en determinadas circunstancias, pueden constituir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes». Así, legalizar la IVE constituye un mandato convencional, protector de los derechos humanos, que el Congreso Nacional no puede desoír.
Estamos convencidos de que reconocer el derecho de las mujeres a decidir la IVE despenalizando el aborto es necesario, pero no alcanza. Por ello, hemos firmado el proyecto que 72 diputados/as presentaron por iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y, al mismo tiempo, hemos presentado junto a numerosos/as legisladores/as un proyecto que se complementa con el anterior a través de una mirada más integral. Proponemos que la ley priorice la obligación del Estado de realizar políticas de prevención de los embarazos no deseados en estricto cumplimiento de la ley de educación sexual integral (26.150) y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673), que hoy no se aplica en muchas regiones del país, y de campañas que lleguen a poblaciones de las más diversas edades y situaciones socioculturales.
Al mismo tiempo, deben crearse consejerías que brinden información y acompañamiento a las mujeres que tienen embarazos no deseados para asegurar que tomen su decisión teniendo en cuenta todas las alternativas disponibles. Se debe otorgar también un entorno seguro para la IVE, garantizar la cobertura integral de las prestaciones incluyéndolas en el Programa Médico Obligatorio y dar un rol protagónico al Estado en la producción y distribución de los medicamentos necesarios para realizar la práctica. Es necesario contar con información oficial y confiable para el cumplimiento efectivo de la ley y para mejorarla si la realidad lo requiere. Por eso, proponemos crear un Observatorio Nacional para el seguimiento de todas las acciones, políticas y obligaciones asumidas.
Desde que recuperamos la democracia, más de 3000 mujeres murieron por abortos inseguros y más de 40.000 se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados con la misma razón. El Congreso no puede mirar para otro lado. Una ley integral de IVE implica un claro y sentido compromiso ético con la autonomía, la justicia social, la salud pública y los derechos humanos.
* Diputado nacional por CABA, FPV-PJ