En el marco del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, que se celebra cada 23 de abril, convocamos a representantes del sector editorial para debatir los temas pendientes en el Congreso, en relación a la industria editorial. Comenzamos el debate planteando que la ley del libro es una de las leyes que deben ser sancionadas.
El encuentro contó con la participación de los escritores Claudia Piñeiro, Mempo Giardinelli e Ivana Romero, el presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) Leandro de Sagastizábal, los editores Leonora Djament y Daniel Divinsky y el librero Ecequiel Leder Kremer. El moderador fue el investigador del Conicet Alejandro Dujovne.
Promovimos el intercambio desde la presidencia de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para recoger propuestas, escuchar demandas y avanzar en proyectos que atiendan las necesidades del sector editorial. Asistieron también la diputada Alejandra Rodenas y asesores del diputado Facundo Suárez Lastra.
Participaron editores, imprenteros, traductores, correctores y otros integrantes de la cadena de producción del libro. Algunos de los planteos, las necesidades y demandas del sector expresadas en la oportunidad son: La necesidad de la reactivación del consumo interno; El costo del papel para editoriales chicas y medianas aumentó en 2017 un 33%, mucho más que la inflación estimada por el Indec para ese año; El Estado bajó las compras de un 14 a un 1% en el último año y sólo compra libros de textos, lo que en gran parte beneficia a grupos editoriales de capital extranjero; Varias librerías atraviesan una situación gravísima por los altos costos y la baja de las ventas; Los escritores pocas veces cobran derechos de autor.
Luego se plantearon propuestas para dinamizar la industria editorial y promover el libro argentino en el país y el exterior. Algunas de las iniciativas son: Eliminar el IVA de la compra de papel para libros para bajar el costo de los ejemplares; Campañas públicas y efectivas de promoción de la lectura por parte del Estado; Desarrollar políticas culturales que dependan del Estado y no del gobierno de turno; Capacitar a los docentes y a otros mediadores de lectura para fortalecer el hábito lector desde la infancia; Reformular el esquema tributario para las editoriales y librerías pequeñas; Facilitar la exportación de bienes culturales; Ayudar a las editoriales pequeñas y medianas a difundir sus catálogos en el mercado hispanoamericano; Involucrar al Estado en el proceso de profesionalización de los editores; Valorizar el papel de las editoriales universitarias nacionales; Impulsar la creación del Instituto del Libro.