El fracaso evidente del sistema individual de capitalización pone nuevamente en el centro de esta cuestión el rol irrenunciable del Estado en garantizar la Seguridad Social de su población, muy especialmente para los sectores de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad social, que han sido las víctimas principales de los vaivenes económicos y políticos que ha atravesado a la sociedad argentina en las últimas décadas.
El sistema de capitalización cuenta hoy con 9.5 millones de afiliados, pero de ese total solamente 3.7 millones son aportantes regulares. Cabe entonces la pregunta de cual sería el futuro de esos casi 6 millones de trabajadores cuya situación es reflejo de la inestabilidad y precariedad laboral, de la evasión y morosidad de parte de las patronales que retienen los aportes personales y que luego no son ingresados a las cuentas individuales de los afiliados. Es ahí donde el Estado debe hacerse presente. Y no es poco lo que en ese aspecto se viene realizando desde las políticas gubernamentales implementadas a partir de mediados del 2003.
El régimen de capitalización contaba al 30 de septiembre último con 449 mil beneficiarios, de los cuales 60 % correspondió a jubilados, el 32 % a pensionados por fallecimiento y el 8 % restante a retirados por invalidez. Pero al analizar la composición de los haberes de ese total de beneficiarios, puede comprobarse que el 77 % tiene una composición mixta, o sea que el Estado contribuye con recursos propios para completar el haber jubilatorio. Se observa, asimismo, que en el 40.2 % de los casos (180 mil beneficiarios) el Estado tiene que acudir con sus recursos para que se alcance el haber mínimo, que en el pasado mes de octubre era de $ 690. También el Estado debe aportar sus recursos para que los 33 mil beneficiarios que han visto agotado su fondo de capitalización perciban una jubilación digna.
El accionar activo del Estado ha permitido un continuo y persistente incremento de las jubilaciones y pensiones, especialmente para los haberes mínimos, recuperando progresivamente sus niveles, que habían sido devorados por la inflación y la crisis fiscal. La moratoria previsional implementada por el gobierno nacional posibilitó que un millón y medio de personas mayores de 65 años, que carecían de ingreso y de cobertura social, pudieran acceder a los beneficios de la jubilación. Es que la privatización del sistema y la menor presencia del Estado habían incrementado la exclusión y la pobreza. Mientras en 1995 el 76.8 % de las personas mayores de 65 años tenían una cobertura previsional, ese porcentaje había descendido al 70.9 % en el 2003.
Recientemente la Ley Nº 26.222 estableció, además de la libre opción entre los regímenes de capitalización y de reparto, un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la protección de los beneficiarios de la seguridad social, entre otros: garantía de haberes mínimos, igualación de la tasa de aporte personal, reconocimiento del traspaso al régimen público de reparto de aquellos afiliados que por razones de edad (hombres mayores a 55 años y mujeres mayores a 50 años) y de acumulación de fondos (menores a $ 20.000) no podrían llegar a recibir una prestación en el régimen de capitalización que llegase al haber mínimo.
Una política de previsión social debe entenderse necesariamente dentro de un esquema global de política económica que fomente la actividad productiva, que tienda a generar puestos genuinos de trabajo, que diseñe una política fiscal progresiva. No habrá un sistema eficiente de seguridad y previsión social si no hay fomento estatal para la creación de empleo formal, si no hay un combate frontal a la evasión impositiva y previsional y si no hay un régimen impositivo progresivo que sirva para redistribuir los ingresos. Para los argentinos ha quedado suficientemente claro el fracaso del régimen individual de capitalización. Resulta francamente imposible obtener niveles de rentabilidad financiera que en el largo plazo permitan que la capitalización de los aportes personales de los trabajadores se traduzca luego en haberes jubilatorios que no deterioren las condiciones de vida de sus beneficiarios. Mucho más teniendo en cuenta las características en que derivó el sistema que se puso en práctica en la Argentina en la década del noventa, con elevadas comisiones por la administración de los fondos, una baja proporción de los aportes efectivos y una altísima concentración del mercado.
En este sentido, también pareciera quedar claro que la única jubilación segura es la que puede brindar y garantizar el Estado basada en el principio de solidaridad intergeneracional. Pero de los análisis más elaborados de la problemática previsional también surge que por un conjunto de razones ya no resultaría posible alcanzar aquella proporción ideal de 3 a 4 aportantes por beneficiario. Por un lado, existen cuestiones demográficas que han cambiado fuertemente, como es el progresivo envejecimiento de la población, que combina una mayor esperanza de vida con menores tasas de natalidad. Ello hace que se extienda la cantidad de beneficios que el régimen previsional debe afrontar. Por otro lado, también se han producido cambios significativos en el mercado de trabajo, como son la adopción de tecnología ahorradoras de mano de obra; la extensión de las actividades de servicios que resultan de más difícil control que las actividades industriales, lo que aumenta las posibilidades de elusión y evasión previsional y fiscal; la más tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y las nuevas modalidades en la contratación caracterizadas, en muchos casos, por la inestabilidad y la precariedad. Este conjunto de causas dificulta y disminuye la recaudación de los aportes previsionales. Es por ello que cualquier sociedad hoy debe prever recusos adicional, provistos desde otras fuentes de financiamiento, además de los aportes patronales y personales. Y es aquí donde entra en consideración la necesidad de ir reformando nuestro régimen tributario para que sea la base del financiamiento del gasto social del estado y fortalezca la política de redistribución del ingreso y la riqueza.
La crisis mundial actual, originada en las economías más desarrolladas y que se ha extendido rápidamente a escala planetaria, ha revalorizado la intervención estatal para evitar la profundización de los efectos más perniciosos. Pero esa intervención, que en los países centrales pareciera destinada al salvataje de las instituciones financiera que han sido los principales partícipes en la creación de los instrumentos causantes de la propia crisis, en nuestra economía debiera, por el contrario, servir para garantizar el nivel de empleo, el poder adquisitivo de los salarios y el gasto social que progresivamente ha ido adquiriendo un carácter cada día más progresivo y redistributivo.
Es por ello que este debate acerca de la unificación de los regímenes previsionales debe incorporar, a su vez, otra discusión que tiene que ver con la utilización de los fondos previsionales como inversión para un desarrollo genuino. La decisión que en materia previsional tome el Congreso Nacional debe articularse con una estrategia que redefina el rol del Estado como rector del desarrollo económico y como garante de los derechos sociales y el bienestar, en aquellos aspectos que es evidente no pudo resolver el mercado. Este es, sin duda alguna, nuestro próximo desafío, el que debemos abordar en forma inmediata, sin esperar que las consecuencias de la crisis internacional nos alcancen más seriamente.
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