Probablemente, la historia de la creación del Instituto -cuyo sostén estará a cargo del Estado Nacional y al que la UNESCO ayudará reclutando apoyo financiero y mediante un firme respaldo político e institucional- deba remontarse al 24 de marzo de 2004. Ese día, en conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe militar de 1976, el Gobierno argentino creó en el predio en el que funcionó la ESMA un museo denominado Espacio para la Memoria y para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos. La iniciativa apuntaba a recuperar, proteger y transmitir la memoria y la historia de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado. Tres años después, en julio del 2007, el Gobierno argentino a través de su representante Daniel Filmus, le propuso a la UNESCO la creación de un instituto internacional en ese espacio. En octubre de 2008, los 58 miembros del Consejo Ejecutivo, acompañados por los demás representantes de los 193 países que integran el organismo, se hicieron eco de la iniciativa y terminaron de darle forma a aquel proyecto, cuya puesta en marcha se previó para marzo de 2009.
La unanimidad de la que gozó la iniciativa contrastó con los ríspidos debates que la precedieron, vinculados no con la proposición argentina sino con el rol de este tipo de centros y su financiamiento. Un cerrado aplauso coronó la iniciativa, y las felicitaciones de muchos de los presentes a la delegación nacional fue la última imagen de un salón a esa altura casi vacío.
En realidad, la propuesta que encabezó Filmus, y cuyos ejes son la educación en Derechos Humanos y la Memoria, había recibido un espaldarazo decisivo el 11 de julio de 2008, cuando quedó aprobado un estudio de viabilidad elaborado en forma conjunta por la UNESCO y un equipo de expertos argentinos e internacionales. El Centro, que será conducido por un director a designar por la presidenta Cristina Fernández, tendrá como objetivo central "promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana". Además, "promoverá la investigación científica en relación con la desaparición forzada de personas, la tortura y el exterminio, así como el análisis, la presentación y la conservación de los resultados en un marco de cooperación internacional".
Hay otra historia detrás de la decisión de la UNESCO de apoyar la creación de un instituto internacional de educación en derechos humanos en la Argentina. Una historia que comenzó a tejerse en 2007 cuando, luego de ocho años, el país volvió a integrar el Consejo Ejecutivo de este organismo creado en 1945. Tras el reingreso, el representante argentino, Daniel Filmus, pasó a presidir la Comisión de Programa y de Relaciones Exteriores del Consejo. Y también fue electo en 2007 como titular de un grupo de trabajo compuesto por 12 países, organismos internacionales, bancos de desarrollo y redes de la sociedad civil destinado a promover una iniciativa mundial de canje de deuda por educación.
Filmus, junto con la delegación argentina en el organismo, optó por presentar el proyecto en la Comisión de Ciencias Sociales y Humanas, que dirige el senegalés Pierre Sanné, y no en la de Educación, lo que aseguró un tratamiento mucho más expeditivo. La visita de Sanné (un hombre de reconocida sensibilidad) a la ESMA, en febrero de 2008, significó un nuevo espaldarazo. Pero faltaba la estocada final: el 7 de abril, el Consejo Ejecutivo recibió por primera vez la visita de un jefe de Estado: Cristina Fernández de Kirchner habló en París, le contó la idea al director general de la UNESCO, el japonés Koichiro Matsuura, y se comprometió a apoyar la creación del Instituto. Así lo hizo.
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