Puntualmente quiero referirme a que el Congreso en varias oportunidades, al menos en tres, fijó a través de leyes específicas, cuáles son los mecanismos a través de los cuales se tiene que cumplir el financiamiento educativo.
Lo que quiero decir es que el presupuesto 2009 una vez más —en este caso por cuarto año consecutivo— cumple con las pautas que fueron fijadas en la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, en la Ley de Educación Técnica —que fija por primera vez en la Argentina cuánto hay que invertir en educación técnica— y en la Ley de Educación Nacional. La última Ley de Educación aumenta la proporción de la inversión en educación, inclusive sobre la propia Ley de Financiamiento Educativo.
Me parece importante porque es un logro del Congreso, que particularmente en el Senado, fue aprobado casi por unanimidad y esto permite que hoy nosotros, en un área tan sensible como la de educación, ciencia y tecnología, podamos ser previsibles respecto de la inversión futura. También permite que la Argentina, por primera vez en toda su historia, tenga un ciclo de expansión en la inversión educativa que genere condiciones promisorias respecto de la mejora de la calidad de la cobertura del sistema educativo y de la investigación científico tecnológica.
No lo quiero decir con palabras propias. Permítame, señor presidente, leer el informe del CIPPEC. Todos ustedes saben que es un organismo independientes que, entre otras tareas, se ha dado para sí mismo la función de monitorear la ley de financiamiento educativo. Y el CIPPEC, en las conclusiones del informe de 2008, referido a los primeros dos años de la ley de financiamiento educativo, dice que la primera conclusión global a partir del monitoreo de la ley es que, en su segundo año de ejecución, esta ley se ha cumplido tanto en la Nación como en las provincias. Asimismo, indica que se ha llegado al 5,4 del PBI para inversión en educación, ciencia y tecnología. Esto significa que para 2007 nosotros habíamos propuesto en la ley el 5 por ciento del PBI, pero para ese año estábamos en el 5,4: esto implica la inversión más grande del PBI más grande de la historia argentina. Insisto en que esto no es algo que constituye una satisfacción sólo para el oficialismo: tiene que ser así para toda la Cámara.
Dice también el CIPPEC que la segunda conclusión es que, tanto la Nación como las provincias, han cumplido con el esfuerzo financiero. En particular, destaca que esta ley ha sido acordada y llevada adelante por casi todas las provincias argentinas. Así, el esfuerzo que en 2005 significaba invertir en educación 24 mil millones de pesos en 2006 pasó a ser 32 mil millones de pesos y en 2007 de 43 mil millones de pesos. Este aumento, tal como lo plantea el CIPPEC, genera entre otras condiciones que el salario docente haya aumentado el 90 por ciento en términos nominales gracias a la aplicación de la ley. También en términos
nominales, indica que la inversión en educación en estos dos años aumentó el 79,5 por ciento. Insisto: estoy citando una investigación independiente respecto de este tema.
Si tomamos el inicio de la ley de financiamiento educativo en 2005 podemos ver que la Argentina —el Estado nacional— invirtió 6.573 millones de pesos. Para 2009 estamos proponiendo 19.421 millones de pesos. Quiero decir simplemente que en cuatro años estamos proponiendo una multiplicación en más que por tres de la inversión educativa.
Al mismo tiempo plantea que la participación nacional, de acuerdo con lo que fijó la ley, aumentaba del 24 al 40 por ciento, lo que significa que la Nación está haciendo proporcionalmente un esfuerzo más grande que realizado históricamente, una vez que transfirió las escuelas a las provincias. Incluso, nos acerca a que estemos muy próximos a
cumplir con el máximo que la UNESCO plantea como el óptimo de inversión educativa: el 6 por ciento del producto bruto interno.
Recuerdo que cuando asumí como ministro la cifra del presupuesto educativo nacional era de 3 mil millones —3.006.000.000—: ahora, el presupuesto previsto para el ejercicio 2009 permite aumentar la inversión educativa en el Ministerio de Educación de la Nación a 12.650 millones.
Quiero referirme a un tema que se planteó acá para distintas cuestiones: la discrecionalidad de la Nación respecto de la distribución de los recursos. La inversión en educación no tiene ningún tipo de discrecionalidad ya que se distribuye a las provincias de acuerdo con una fórmula polinómica que el Consejo Federal de Educación ha planteado y que se cumple estrictamente. Esa fórmula polinómica tiene que ver no sólo con las condiciones de coparticipación sino también con la pobreza, la cantidad de chicos fuera de la escuela y con los problemas edilicios que tienen las provincias.
Paso a citar nuevamente el informe del CIPPEC. En cuanto a la distribución total, indica que observa la existencia de una correlación negativa entre el nivel de desarrollo humano de las provincias y los aportes nacionales por alumno. Es decir que, según el CIPPEC, las provincias más pobres son las que reciben mayores aportes nacionales por alumno, siguiendo un criterio distributivo pro equidad. Este dato ya había sido remarcado anteriormente en el primer informe —también para el año 2007— y resulta muy auspicioso especialmente en comparación con la distribución de los años 90, que no seguía los mismos
criterios de equidad entre las provincias.
A continuación, me referiré a los otros dos aspectos que marcan las leyes nacionales.
El primero es el de la educación técnica. Cuando nosotros asumimos en 2003 no existía en el presupuesto la educación técnica como modalidad pero este Congreso, a través de la Ley de Educación Nacional, cambió esta situación y colocó nuevamente en el presupuesto la educación técnica junto con las otras modalidades. De hecho, esto ya había sido debatido en el Parlamento cuando se aprobó la Ley de Educación Técnica.
Sr. Filmus. — La Ley de Educación Técnica, aprobada por el Congreso en 2005, es la primera norma que fija la inversión en educación —en particular respecto de la educación técnica— como una proporción de la inversión general de la Nación: es decir que el 0,2 por
ciento del presupuesto nacional debía ser direccionado hacia la educación técnica. Cuando nosotros le propusimos esto al Congreso estábamos seguros de que ese tema no iba a pasar,
porque era muy fuerte. Sin embargo, el Parlamento lo aprobó y el Ejecutivo viene cumpliendo año tras año.
En ese sentido, cuando asumimos en 2003, la inversión en escuelas técnicas era de 5 millones de pesos para todo el país. En 2005, cuando se aprueba la ley, se triplica alcanzando 15 millones de pesos. De hecho, la aprobación de la Ley de Educación Técnica hizo que, en un solo año, de 15 millones de pesos se pasara a 280 millones de pesos, lo que resulta prioritario para generar productividad, competitividad, y a efectos de que los argentinos realmente tengan posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque si no se forman técnicamente no tienen oportunidad de hacerlo.
Ahora bien; a partir de los 280 millones de pesos de 2006, y cumpliendo estrictamente con el 0,2 por ciento, respecto de 2009 aprobaremos 555 millones de pesos para la educación técnica. Por lo tanto, si comparamos los 5 millones de 2003 con los 555 millones de 2009 concluiremos que incrementamos cien veces la inversión en educación técnica. Por supuesto, no se trata de un hecho anecdótico sino de que realmente el país decide por una orientación; que decide por la productividad y por el trabajo como herramienta central, y por ello destina 555 millones de pesos. Tengamos en cuenta —reitero— que se partió de los 5 millones de pesos originales.
Cumpliendo con el porcentaje del 0,2 estamos pasando de 373 millones a 555 millones de pesos entre 2008 y 2009, lo que implica un 48 por ciento de incremento en un año. En consecuencia, de la mano de INET y gracias al apoyo de todas las provincias vamos avanzando en ese aspecto.
Lamento que no esté el senador Petcoff Naidenoff, quien planteó el tema de las universidades. Sería bueno dar un debate respecto del tema universidad. El senador se refirió particularmente a la situación de la Universidad de Buenos Aires —de la cual orgullosamente soy profesor titular regular por concurso—, por la que siempre tenemos que trabajar para mejorar sus condiciones: probablemente todavía estemos lejos de hacerlo.
Cuando asumimos en 2003, el presupuesto de todas las universidades del país era de 1.991 millones de pesos. Por su parte, el nivel de ejecución de 2002 había sido cercano al 90 por ciento, pero todo se destinaba a salarios. No se había pasado ni un peso para gastos generales. Entonces, se debía la totalidad de los gastos generales comprendidos entre 1998 y 2002: esto quiere decir que no sólo el presupuesto era ínfimo sino que, además, no se cumplía.
El presupuesto de la Universidad de Buenos Aires pasó de 323 millones de pesos en 2003 —que no se cumplía— a 1.500 millones de pesos: es decir que se multiplicó por cinco.
Estamos lejos de lo que necesita la Universidad de Buenos Aires, pero no puede desconocerse este aporte importantísimo que el Estado está haciendo al sistema universitario confiando en que la ciencia, la tecnología y la formación de nuestros cuadros superiores constituye uno de los elementos más importantes. Reitero, para que tengan una dimensión del incremento, que en 2003 el presupuesto universitario total era de 1.991 millones de pesos, y que actualmente es de 7.951 millones de pesos. Más allá de la cifra que se vaya a considerar producto del movimiento de los precios, realmente hay una decisión del Estado de invertir en esta dirección.
Quiero terminar con el rubro de Ciencia y Tecnología.
Cuando nos tocó asumir en el 2003, la Secretaría de Ciencia y Tecnología —recuerden que tenía ese rango— tenía un presupuesto de 299 millones de pesos. Para el año 2009 se está votando un presupuesto de 1766 millones de pesos. Esto es considerando solamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En consecuencia, la misma comparación da una diferencia de 490 por ciento de aumento, lo cual implica no sólo la decisión de una orientación concreta sino ser consecuente con lo que se ha dicho. Muchos gobiernos han dicho que la educación, la ciencia y la tecnología eran prioridad, pero el tema era respaldar esa afirmación con recursos concretos.
Lo que hoy señalo es que, tanto en el tema educativo como en lo que hace a ciencia y tecnología, nuestro gobierno cumple con lo que marcan las leyes —las que aprobó el propio
Congreso—y con lo que se vincula con un país —lo hemos discutido una y otra vez en ocasión del debate de varias normas— que tenga un modelo que no signifique vender commodities a los precios que el mercado diga ocasionalmente, y que estén supeditados a las crisis internacionales regulares, sino con un país que crece en base a la capacidad de agregar valor, trabajo, innovación y desarrollo científico y tecnológico a todo aquello que produce.
Por eso, nos parece importante en el marco de tantos números que se están discutiendo hoy, resaltar los números de educación, ciencia y tecnología porque, sin lugar a dudas, es el futuro del país, pero principalmente es el futuro de nuestros chicos y jóvenes.
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