Por el contrario, están preocupados principalmente por cómo salvar un sistema financiero que, falto de regulaciones, especula y dar por tierra con los anhelos de muchísimas personas. De hecho, para poder salvarlo, en este momento se está hablando y se está pidiendo —algunos casi claman, ruegan— que se inviertan 700 mil millones de dólares como mínimo para ir en ayuda del sistema financiero y de los que más tienen. Paradójicamente, todos los días, en esta humanidad que nos toca vivir, en este mundo tan injusto que nos toca vivir, mueren millones de chicos por hambre, y a nadie se le ocurre hacer un salvataje. A nadie se le ocurre que esos 700 mil millones, destinados a los que más los necesitan, servirían para crear un mundo más justo o, por lo menos, un mundo donde algo que no tiene perdón de Dios, como la muerte de un chico por hambre, pudiera ser atendido.
Claro que algunos nos van a explicar que si esta plata, puesta en los bancos, permite que muchas empresas sigan funcionando, con eso se genera trabajo y con eso, también, evitamos que en el futuro haya gente que tenga que sufrir las condiciones de hambre y pobreza que los otros sufren hoy. Si esa es la preocupación, si la preocupación es social, démosle primero a los que más lo necesitan, a los que más lo requieren hoy, y no permitamos que un solo chico más pase por esas circunstancias. Por eso, es saludable que estemos hoy discutiendo esto acá, independientemente de que tengamos distintas opiniones.
Realmente, tenemos diferencias respecto del valor de la ley que se está por votar con relación al futuro que va a generar para el país esta iniciativa. Me parece que es lícito que así sea. Por eso, las palabras del ministro de Trabajo cuando estuvo acá: dijo que no es ni la primera ni la última medida que toma este gobierno, pero sí es una medida en determinada dirección. Creemos que sigue siendo una dirección positiva —como todas las medidas que se tomaron durante el gobierno anterior y el actual— tendiente a resolver el tema de los jubilados.
Es legítimo que la oposición plantee y tensione la situación para lograr mejores condiciones; eso es legítimo. De hecho, es lo mismo que haría nuestra fuerza si estuviera en la oposición: tratar de tensionar hacia mejores condiciones. Pero me parece que, para generar políticas de Estado, lo que no es tan legítimo en el debate es no reconocer lo que se hizo, no reconocer el sentido en el que se está haciendo esto. Quiero decir que, en este mismo Senado, en este mismo lugar, se han votado leyes que son realmente regresivas respecto de los jubilados. Acá mismo se han votado leyes que tuvieron que ver no solo con el congelamiento, no solo con quitarle efectivamente una parte de sus jubilaciones, no solo con la privatización del sistema de jubilaciones, sino con lesionar, incluso, algunos de los sistemas importantes que teníamos en una época, como el sistema de los docentes y de los investigadores, los que, también, a través de leyes, considerándolos "jubilaciones de privilegio", fueron derogados.
Por eso me parece que, más allá del debate vinculado con los medios y de lo que surge de lo que estamos intercambiando aquí, hay que reconocer que se han hecho avances importantísimos y que muchos de estos avances se seguirán haciendo. No me canso de repetir que el avance más importante, aun también en el tema de los jubilados, está en la creación de trabajo. No hay mejor redistribuidor del ingreso que la creación de trabajo. La política social más importante es la creación de trabajo. Y no solo se incorporó al sistema jubilatorio a muchos que quedaron al margen del mercado de trabajo durante mucho tiempo. Podemos asegurar que los jubilados del futuro van a estar mejor porque, hoy en día, hay mucho más trabajo formal, hay mucho más aporte, mucho más "blanqueado" y eso va a generar una condición distinta. La relación entre los que aportan y los que reciben es un elemento fundamental.
La Argentina, en este sentido, tiene una población con una relación baja, justamente porque tiene una población relativamente envejecida por el nivel de vida, por la cantidad de años promedio que vive nuestra gente y por la relación de los aportantes respecto de lo que reciben. Si no se "blanquea" el trabajo y no se generan mejores condiciones socioeconómicas, va a ser muy difícil de resolver. De ahí, no sólo el aumento a los jubilados, sino la moratoria que permitió incorporar 1.500.000 más de abuelos al sistema; los 100.000 argentinos desempleados con treinta años de aportes que pudieron acceder a una jubilación, y —no me parece menor— la posibilidad que votó este mismo Congreso de la libre elección del sistema jubilatorio son pasos en esa dirección. Y hay que capitalizarlos, porque cuando uno no valora lo que se ha avanzado, corre el riesgo de perderlo.
Estamos en un país que cíclicamente —y pasamos situaciones realmente difíciles en algunos momentos— pierde lo que ganó. Después, pasan décadas; así, muchas de nuestras generaciones han perdido años y beneficios en el tiempo que nos lleva la recuperación de lo que se tenía. Es de destacar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una Corte nueva y distinta. Otras cortes de justicia, aun en democracia, no hubieran adoptado las resoluciones de la actual Corte Suprema. Por lo tanto, estamos orgullosos —aun cuando puedan discutirse algunos fallos— de que esta Corte sea independiente, y de que pueda plantear temas sociales, tal como lo viene haciendo últimamente.
Me dedicaré solamente a una cuestión; es por ello que solicitaré permiso para insertar mi discurso. Se estuvo discutiendo bastante por afuera de este Congreso el caso de los docentes e investigadores, quienes no están comprendidos en esta ley. Ellos tienen sus normas específicas.
En 1983 se aprobó la Ley 22929, y en 1991, la 24016, relacionadas con los investigadores y docentes universitarios con dedicación exclusiva. Posteriormente, se aprobaron dos leyes más: la 23026 y la 23626, a través de las cuales se incorporó a los investigadores de la CONEA y del INIDIEP. Estas normas permitían que los investigadores se jubilaran a los 60 y 65 años con el 85 por ciento del haber. Y la Ley 24016 permitía con los 57 y 60 años, la jubilación de los docentes con el 82 por ciento móvil.
Al respecto, varias leyes que se votaron aquí derogaron en buena parte las conquistas logradas en democracia. Y no solo eso, sino que el Decreto 78 —que reglamentó la Ley
24241— y la Ley 23966 dieron por tierra con los avances conseguidos por los docentes.
Dicho decreto, ilegalmente impidió el 82 por ciento y estableció las edades para la jubilación normal de los docentes. En consecuencia, aquellos que estuvieron en el gobierno durante buena parte de nuestra historia —se trataba de un decreto, ni siquiera era una ley la que generaba las condiciones para que los docentes no pudieran ejercer sus derechos—, ¿por qué no derogaron ese decreto?
En 2005, y a pedido de todos los sindicatos docentes del país, se firmaron los decretos
135 y 160. Pero se trataba de decretos, y no pudieron devolver la movilidad porque ésta fue derogada por ley. Esa denuncia fue llevada adelante durante muchos años por nuestros docentes e investigadores —que no queremos que se vayan del país pues necesitamos que aporten su inteligencia—, pero no fueron escuchados. En consecuencia, claramente este es un paso adelante: recuperaron los 57 y los 60 años los docentes, y los 60 y 65 años los investigadores.
Creo que junto con la oposición y trabajando entre todos podremos seguir generando, después de este, otros pasos. Los docentes que se jubilaron con el mecanismo anterior, lo hacían con 604 pesos. Con el nuevo sistema creado a partir del Decreto 78, la restitución de los derechos cambia de 604 pesos a 2.263 pesos, en promedio. Y en el caso de los investigadores, el incremento está ligado a la suba de los sueldos que tuvieron durante los últimos años los docentes. Un investigador o un docente con dedicación exclusiva, se jubila con 4.294 pesos. La diferencia entre 604 pesos y 2.263 pesos para los docentes; y entre 604 pesos y 4.294 pesos respecto de los investigadores y docentes con dedicación exclusiva, es el avance que se logró mediante un decreto que derogó un decreto anterior.
Asimismo, aclaro que los docentes no están comprendidos en esta fórmula. Los docentes, a partir del decreto que mencioné, tuvieron la posibilidad de generar la apertura de un diálogo que terminó en un acta acuerdo que se firmó el año pasado entre los gremios docentes y los ministerios de Educación y de Trabajo, por lo cual hay una comisión que está funcionando en este momento que fija un índice particular de actualización para el caso de los docentes. Nos parece que ese es un avance importantísimo en la recuperación de los derechos de los docentes. Dicho sea de paso, todos los índices en los que avanzó esa comisión resultaron ser menores al aumento que se le dio efectivamente a los jubilados durante este tiempo. En realidad, no tuvo sentido poner a ninguno de esos índices, porque los aumentos concretos que recibieron los jubilados eran más altos. Esa comisión se reunió la semana pasada y estamos esperando que pronto tengamos el índice para el caso de los docentes.
Termino mi exposición diciendo que es verdad que este es un paso más, que no estamos llegando al ideal ni mucho menos y que los valores que reciben los jubilados están lejos todavía de lo que necesitan. Lo cierto es que este es un paso para adelante y también lo es que en los últimos años se vienen dando en nuestro país pasos para adelante. Pues bien, tenemos que consolidar este camino para poder seguir avanzando.
Yo creo que tanto el oficialismo como la oposición deben tener la madurez necesaria para saber de antemano que va a haber muchas diferencias en distintos temas; pero sería bueno que entre todos podamos aprender que cuando uno no valora lo que se ha conquistado está en mayor riesgo de perderlo.
Espero que en este caso no sea así. Me parece que el paso que vamos a dar hoy será recordado históricamente como un mecanismo que generará las condiciones para que ningún gobierno pueda decidir discrecionalmente si quiere hacer esto o no. Ahora hay una ley que va a plantear el tema de la movilidad como algo permanente y como un camino hacia la recuperación de nuestros abuelos, gente que trabajó durante toda una vida y que merece todo el reconocimiento.
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