Este hecho tuvo repercusiones en varios medios de difusión, y generó el inmediato rechazo de algunos legisladores porteños, la Universidad de Buenos Aires, el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, los propios estudiantes de esa casa de altos estudios y muchas personas vinculadas directa o indirectamente con las área de educación y de salud. Pero más allá de las noticias, siempre es conveniente ahondar un poco más y tratar de ver qué hay debajo de ellas.
En primer lugar, hay que resaltar que no queda muy en claro la cantidad de universidades privadas beneficiadas con este convenio. En la mayoría de las informaciones se citan a ocho universidades, pero la lectura de la lista eleva a 10 las universidades privadas involucradas. La lista que circula actualmente incluye a la Universidad Austral, a la Fundación Barceló, a la Maimónides, al Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, a la Universidad Adventista de La Plata, a la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, a la Universidad Favaloro, a la Universidad Abierta Iberoamericana, a la Universidad del Salvador y a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
En segundo lugar, se le dio muy poca difusión a la negativa macrista de dar debate sobre este tema en la Legislatura de la Ciudad, imponiendo su mayoría legislativa para impedir que se tratase un proyecto de declaración contra los convenios firmados por el jefe de gobierno.
Un tema más a investigar y debatir es que, no sólo se avanza hacia la priorización de la educación privada por sobre la estatal, tal como lo han señalado desde el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Dr. Alfredo Buzzi, hasta los propios estudiantes; sino que también se ha dado otro paso más hacia la privatización del sistema de salud porteño.
Por otra parte, recomendamos leer con detenimiento el Informe Final Nº 3.05.02 b, correspondiente al Proyecto “Convenios con Universidades Privadas en la Secretaría de Salud”, realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en 2004.
En este Informe Final, cuyo objetivo fue “…controlar los aspectos legales y técnicos respecto de las actividades que desarrollan las universidades privadas en los efectores de la Secretaría de Salud…”, la Auditoría General concluye que este tipo de convenios incumplen el ordenamiento jurídico vigente en la Ciudad de Buenos Aires, y carecen de valor legal al no cumplir con el art. 80, inc. 8 de la Constitución de la Ciudad y con la Cláusula Séptima de los propios convenios, firmados desde 1999 -y no desde el 2001, como dijo el ministro Lemus. Justamente esos incumplimientos a los que se refiere la Auditoría General implican que este tipo de convenios deben ser aprobados por la Legislatura, cosa que, el PRO no hizo.
La Auditoría General finaliza su Informe expresando que las actividades de las universidades privadas en los efectores públicos de salud no tienen planificación ni control por parte de los estamentos superiores, lo que provoca un tremendo desorden en el sistema público de salud “…lesionando de esa forma los derechos de los pacientes, del personal asistencial y de los alumnos…”.
En resumen, el Centro de Estudios Porteños desea alertar acerca de la disconformidad de mantener estos convenios, no sólo por el daño que se genera a los estudiantes y egresados de la Facultad de Medicina de la UBA, y a los pacientes de los hospitales porteños, sino por todo lo que implica como antecedente para profundizar el modelo macrista de favorecer la privatización de los sistemas educativos y de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que son propiedad de todos los habitantes de nuestra querida ciudad.
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